Desde 2009, los ingresos públicos no han sido suficientes para cubrir la totalidad del gasto público y derivado de la crisis por la Covid-19 se amplió esta brecha, lo que ha resultado en un mayor endeudamiento público. Aunado a esto, la sostenibilidad de la deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) se basa en supuestos macroeconómicos optimistas que, de no cumplirse, pondrían en riesgo su sostenibilidad. En este sentido, el presupuesto aprobado para 2022 traslada costos hacia las futuras generaciones, aumentando con ello la inequidad fiscal. Al proyectar este presupuesto, junto a los niveles de recaudación y considerando el efecto de la transición demográfica, la deuda pública podría ascender a 69 % del PIB para 2030.
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