Cada día que pasa disminuye nuestro margen de actuación para mitigar los efectos del cambio climático. Esta responsabilidad es compartida por toda la sociedad en todos los ámbitos que la conforman: la política, las empresas, las administraciones y cada persona en su individualidad deben implicarse. Por ello, el esfuerzo tiene que ser colectivo y obligatorio, un compromiso que se quiere potenciar desde la Comisión Europea.
En el marco del evento Sustain 2023 celebrado en París y organizado por EcoVadis, la compañía de calificaciones de sostenibilidad empresarial tuvo la oportunidad de entrevistar a Didier Reynders, comisario europeo de Justicia. La directora de metodología e investigación de EcoVadis Bettina Grabmayr pudo hablar con él sobre la nueva legislación lanzada desde su departamento en materia de sostenibilidad y responsabilidad corporativa. Se trata de una propuesta aún por aprobar y basada en la diligencia debida que obligará a las empresas privadas a adoptar medidas que disminuyan su impacto medioambiental y que aseguren el respeto de los derechos humanos.
La prioridad de la Comisión Europea es generar una transición ecológica y digital: “Lo que estamos intentando es plantear una transición justa para todos. Para ello, debemos tomar iniciativas que protejan el medio ambiente, la biodiversidad y los derechos humanos, especialmente para que las empresas europeas o aquellas que trabajan en la Unión Europea luchen contra el trabajo infantil o la esclavitud moderna”, comentó Reynders.
De una legislación voluntaria a una obligatoria
La nueva normativa pretende que las evaluaciones de sostenibilidad, que hasta el momento habían sido voluntarias, se conviertan en obligatorias para todas aquellas empresas cuya actividad esté presente en la Unión Europea. “Ya existen algunas directrices en la UE sobre esta materia, pero el enfoque siempre es voluntario por parte de las empresas. Por tanto, el primer debate que hemos mantenido es si es posible pasar de un enfoque voluntario a uno obligatorio con esta legislación”, dijo Reynders durante su entrevista con EcoVadis. También comentó que habría un programa de penalizaciones para las compañías que no cumplan los requisitos y otro de compensaciones para los afectados.
En este sentido, Reynders recalcó la importancia de no discriminar a las empresas de la UE, motivo por el cual se incluirán en esta legislación a las compañías que, aunque no pertenezcan a la UE, trabajen aquí. De esta forma, todas las empresas con más de 500 empleados deberán seguir las mismas reglas basadas en el control de toda su cadena de valor y de suministro. El objetivo es reducir su impacto negativo en el planeta a través de planes concretos que deberán convertirlas en compañías con emisiones neutras para el año 2050.
Los beneficios de esta nueva legislación son comunes
La regulación lanzada desde la UE en materia de sostenibilidad será la primera implantada de carácter obligatorio en todo el mundo, aunque Reynders confía en que pronto les siguen Australia, Canadá y, sobre todo, Estados Unidos. “Todo esto tendrá un impacto positivo tanto para las compañías como para el conjunto de la sociedad”, afirmó.
En este sentido, otro de los objetivos de la diligencia debida es organizar un enfoque común, transversal y horizontal para todos los sectores de la UE para trabajar desde una visión general que, poco a poco, irá creando legislaciones específicas como las ya existentes. Así, se evita la fragmentación y se armoniza la legislación de la UE para facilitar que las compañías operen en diferentes países. Reynders también destacó que esta normativa supondrá una mejora importante de la gestión del riesgo para las empresas, así como un mayor acceso a financiaciones como respuesta a ser señaladas como compañías positivas para el planeta.
La normativa también ofrece múltiples beneficios para la ciudadanía no sólo europea, sino también mundial. "Hemos impulsado este proyecto porque era una exigencia popular y un paso necesario para aumentar la confianza de los consumidores y los empleados en las empresas y las instituciones, algo que solo será posible si perciben que su compromiso con el medio ambiente y la sociedad es real”, confirmó el comisario.
Por último, Reynders destacó que el objetivo final de la normativa es mejorar la situación de los ciudadanos de todo el mundo y ayudar a las empresas a avanzar y a estar más comprometidas, ofreciéndoles múltiples herramientas para conseguirlo. En ningún caso pretenden que las compañías abandonen países o proveedores, sino garantizar una política comercial justa, sostenible y con mejores condiciones sociales que resulte beneficiosa para todos los agentes involucrados en la lucha contra el cambio climático.
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